El Hospital de Sant Pau solo practica interrupciones médicas del embarazo cuando la salud peligra. La objeción de conciencia de los sanitarios, la autorización de menores y la falta de tarjeta sanitaria, principales trabas en el sistema público.
La objeción de conciencia de algunos ginecólogos está vulnerando el derecho de las mujeres a abortar en centros sanitarios públicos de España.
La objeción de conciencia está regulada por ley y también es un derecho individual, pero entidades denuncian que esta dificultando el derecho de abortar libremente.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un centro público, no practica abortos. Sus ginecólogos solo practican el aborto en casos en que la enfermedad del feto sea incompatible con la vida o cuando existe un peligro real para la madre.
Se desconoce cuántos médicos objetores de conciencia hay en Cataluña porque no hay un registro, algo que reclaman asociaciones que atiende a muchas mujeres y jóvenes al año. Se pide que los colegios profesionales publiquen los listados con los objetores de conciencia y que en la red pública no haya objetores porque el Estado reconoce el derecho al aborto.
Farmacéuticos objetores
Tampoco existen cifras sobre cuántos farmacéuticos objetores de conciencia hay: boticarios que se niegan a dispensar la pastilla del día después que se debe tomar durante las 72 horas posteriores a la relación sexual sin protección. Según el Colegio oficial de Farmacéuticos de Barcelona, en estos casos el profesional "debe indicar a la persona el punto más próximo donde conseguir la pastilla" y también debe posibilitar que el tratamiento se pueda hacer en las condiciones adecuadas, tanto en lo relativo al tiempo como al desplazamiento, para que este retraso no tenga consecuencias en la eficacia de la pastilla. El Colegio oficial de Farmacéuticos de Barcelona, recuerda que la objeción de conciencia a la hora de dispensar la pastilla des día después no puede ser arbitraria y debe ser antes notificada individualmente al colegio correspondiente.