Ana Peláez enumeró durante el evento las principales características de las prácticas nocivas, que dañan en todos los sentidos a niñas y mujeres y explicó que, en relación con las esterilizaciones forzosas, está en fase final de tramitación parlamentaria la modificación del Código Penal para derogar esta práctica por razón de discapacidad, una acción que CERMI y CERMI Mujeres reclaman desde hace años.
Además, pidió que “se siga avanzando en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, dando un papel preponderante a las organizaciones de la discapacidad general y de mujeres con discapacidad en particular.”
Aprovechó su intervención para exigir servicios de apoyo y asesoramiento, así como la garantía de información accesible sobre otras prácticas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, con especial atención a la formación del personal sanitario.
Una joven con trastorno del espectro autista compartió su testimonio: “mis padres me decían que la mejor decisión para mí era someterme a una ligadura de trompas. Me convencieron cuando me dijeron que yo tenía Asperger y que sería muy injusto que sometiese a mis hijos a lo que yo había sufrido.
Gabriela Troyano, exdiputada socialista y activista por los derechos de las personas con discapacidad, reprobó que durante muchos años se justificase la esterilización por tener una discapacidad y añadió que “hay que trabajar para eliminar estas barreras actitudinales sociales tan fuertes.