Un embarazo a los 10 años mata. Este mensaje, en forma de hashtag, ha tomado las redes sociales brasileñas en los últimos días, después de que saliera a la luz el caso de una niña de 10 años que se quedó embarazada tras ser violada.
La víctima fue al hospital acompañada de su tía, que, según el informe de la Policía Militar, dijo a los médicos que creía que estaba embarazada. Después de que un análisis de sangre confirmara que estaba de tres meses, la niña les contó a los médicos y a una asistente social que su tío la violaba desde que tenía 6 años y que nunca dijo nada por temor a sus amenazas de muerte. La niña fue trasladada a un centro de menores mientras los médicos y la Justicia analizaban la interrupción del embarazo, garantizada por la ley en casos como este.
Un diario local anunció este sábado que el aborto fue autorizado por el Tribunal de Justicia. El secreto de sumario que protege el proceso por tratarse de una menor es el mismo que puede limitar los ataques al juez que tomó la decisión. El tema del aborto en Brasil siempre fue delicado, y se tornó aún más difícil abordarlo con el creciente avance de conservadores radicales en la política.
El Código Penal de 1940 ya garantiza el derecho al aborto en estas situaciones. No hay necesidad de que se haga un análisis legal, principalmente porque se trata de una situación que pone en riesgo una vida, ya que el cuerpo infantil no está preparado para un embarazo. Teóricamente, cualquier niña menor de 14 años que se quede embarazada ha sido víctima de violación, aunque diga que consintió en el acto sexual, porque el Código Penal determina que la relación sexual con una menor de 14 años se considera violación de persona vulnerable.
El Tribunal de Justicia informó, por medio de un comunicado, que se rige por el estricto y técnico cumplimiento de la legislación, sin ninguna influencia religiosa, filosófica, moral o de cualquier otra índole que no sea la aplicación de las normas pertinentes al caso. El pasado miércoles, el juez ordenó la prisión preventiva del tío de la víctima, que se encuentra en paradero desconocido. Según la Secretaría de Asistencia Social, la niña vivía con los abuelos y recibía atención en el Centro de Referencia de Asistencia Social del Ayuntamiento. Los miembros de la familia participaban en las actividades del centro y no había indicios de que se estuviera cometiendo el crimen.
Desde que supo del caso, Damares Alves, Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, ha utilizado las redes sociales para decir que “ayudará” a la víctima y a su familia. El miércoles, envió a un equipo de funcionarios de la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y Adolescente y la Defensora Nacional de los Derechos Humanos para que se reunieran con las autoridades. Este caso será paradigmático del uso ideológico del aborto para suscitar emociones y posiciones polarizadas y agresivas sobre lo que debería ser, simplemente, una cuestión de salud pública. En este caso específico, debería haber una investigación criminal del agresor y debería cuidarse y atenderse la salud y la dignidad de esta niña,